La justicia federal cerró la puerta, por ahora, a las aspiraciones de libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y uno de los personajes más polémicos de la política reciente en México.
La jueza Ángela Zamorano Herrera determinó que el exmandatario no cumple con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, luego de que su defensa solicitara su preliberación alegando buena conducta durante su reclusión en el penal del Altiplano, donde permanece desde 2018.
La decisión se tomó al final de una audiencia en la que la FGR argumentó que Duarte sigue sujeto a otros procesos judiciales, uno de los impedimentos directos para obtener la libertad anticipada. El punto más relevante: el exgobernador mantiene un proceso pendiente por desaparición forzada, relacionado con un caso ocurrido en 2013, cuando un taxista fue reportado como desaparecido durante su administración.
Cinco integrantes de la Fiscalía veracruzana comparecieron ante la jueza para exponer testimonios clave. Entre ellos, Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar, detalló cómo Duarte habría entorpecido el avance de la investigación. También se abordaron señalamientos de peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada del fuero común.
Durante la audiencia del 19 de noviembre, la FGR acusó además a Duarte de haber retrasado deliberadamente diversos procedimientos judiciales, incluso simulando enfermedades para frenar el avance de los casos.
En paralelo, en el ámbito penitenciario surgieron señalamientos por presuntos privilegios dentro del penal: acceso a un teléfono celular, comunicación constante con su equipo legal y familiares, y espacios diferenciados para recibir visitas. Su defensa argumentó que estas facilidades forman parte de su derecho a preparar una estrategia jurídica sólida, pero críticos consideran que reflejan la influencia política y económica que Duarte conserva pese a su condena.
Javier Duarte cumple una sentencia de nueve años dictada en septiembre de 2018, tras aceptar su culpabilidad por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su pena concluye en abril de 2026, fecha en la que, de no prosperar otros procesos, podría recuperar la libertad.
¿Por qué esto importa?
Porque el caso Duarte es uno de los mayores símbolos de corrupción política del México contemporáneo, y su eventual liberación impactaría la percepción pública sobre impunidad y justicia.
Dato Curioso
Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 con una orden de captura internacional, tras permanecer seis meses prófugo.
