En un esfuerzo por reforzar la seguridad en los principales destinos turísticos de la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de 17 personas por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Los operativos, que derivaron en estas acciones judiciales, se concentraron en los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Cozumel.
De acuerdo con los reportes oficiales emitidos este 4 de enero, los ahora imputados fueron capturados en distintas acciones de vigilancia y respuesta inmediata. Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, jueces de control determinaron que existen elementos suficientes para iniciar procesos legales en su contra por la posesión y probable suministro de estupefacientes.
Detalles de las imputaciones
Entre los casos más destacados se encuentran los de Brandon Daniel “N” y Germán “N”, quienes fueron señalados por la posesión de diversas dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina con aparentes fines de suministro. En el caso de Germán “N”, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva, asegurando que permanezca bajo custodia durante el tiempo que dure la investigación complementaria.
Operativos coordinados
Estas detenciones son el resultado de la estrategia de seguridad que coordina a la Policía de Investigación con fuerzas federales y estatales. El objetivo central, según ha manifestado la FGE en sus recientes comunicados, es limpiar de actividades ilícitas las zonas de alta afluencia, protegiendo tanto a los residentes locales como a los visitantes que llegan al Caribe Mexicano en esta temporada alta.
¿Qué sigue en el proceso?
Para la mayoría de los vinculados, el juez otorgó un plazo de uno a dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía deberá robustecer las pruebas presentadas para buscar una sentencia condenatoria. Por su parte, la defensa de los imputados tendrá la oportunidad de presentar pruebas de descargo.
Con estas 17 vinculaciones, las autoridades estatales buscan enviar un mensaje de “cero impunidad” ante el comercio de sustancias ilegales, un delito que a menudo es la raíz de otros hechos violentos en la región.




















































