CIUDAD DE MÉXICO. – La diplomacia mexicana ha decidido que la mejor defensa es un buen ataque, o al menos uno retórico. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), calificó como “tendencioso”el más reciente informe de la ONU sobre la situación de personas desaparecidas en el país. El detalle no es trivial: no se cuestionan las cifras, sino la intención detrás de ellas.
El malestar oficial surge tras la publicación de un documento donde diversos comités de Naciones Unidas expresan su preocupación por la crisis de desapariciones y la persistente impunidad. Para la Cancillería, el organismo internacional omitió —quizás por un olvido selectivo— los esfuerzos institucionales, el fortalecimiento de los censos y las jornadas de búsqueda que se realizan en territorio nacional.
Como si hiciera falta recordarlo, México atraviesa una crisis forense y de búsqueda que suma décadas, pero para el Ejecutivo, la lectura de la ONU carece de equilibrio. Según el comunicado oficial, el reporte ignora los “avances sustanciales” y se enfoca en una narrativa que, a ojos de Palacio Nacional, parece más interesada en señalar fallas que en reconocer procesos. La explicación oficial deja preguntas, especialmente entre los colectivos de madres buscadoras que suelen encontrar más respuestas en la tierra que en los despachos.
El Gobierno de México insistió en que mantiene una política de puertas abiertas y transparencia con los organismos internacionales, siempre y cuando estos no publiquen conclusiones que resulten incómodas para la narrativa de pacificación actual. No es exactamente una sorpresa que la relación con los relatores especiales atraviese un momento de fricción; la soberanía, en este sexenio, también se defiende con adjetivos.
Por ahora, el rechazo al informe de la ONU queda en el terreno de las declaraciones. Mientras la burocracia internacional y la nacional ajustan sus metodologías, los números reales siguen ahí, esperando a ser encontrados fuera de los folletos diplomáticos.
