Exigen a Yensunni Martínez frenar violencia animal en Chetumal

Ciudadanos y colectivos protectores de animales en la capital del estado han alzado la voz contra la administración de la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández. La acusan de una presunta falta de compromiso y responsabilidad para atender la crisis de violencia y abandono animal que afecta a diversas colonias de Chetumal.
Activistas locales señalan que, a pesar de que Quintana Roo cuenta con una Ley de Bienestar Animal, en el municipio de Othón P. Blanco su aplicación ha sido “letra muerta”. La principal queja radica en la falta de protocolos efectivos para sancionar el maltrato y la carencia de políticas públicas integrales para controlar la sobrepoblación de fauna callejera.
Un centro de control en el olvido
Uno de los puntos críticos señalados por los denunciantes es la situación del Centro de Atención Canina (CAC) municipal. Según testimonios de protectores independientes, las instalaciones operan con recursos limitados y no cumplen con la función de refugio o centro de rehabilitación, limitándose en muchos casos a ser un espacio de paso sin las condiciones óptimas de higiene y atención médica veterinaria.
“No se trata solo de tomarse la foto con mascotas, se requiere presupuesto y voluntad política para aplicar las multas que ya están en el reglamento”, mencionan representantes de asociaciones civiles que han buscado, sin éxito, mesas de trabajo resolutivas con la autoridad municipal.
Impacto social y salud pública
La problemática ha trascendido el tema ético para convertirse en un asunto de salud pública. El aumento de ataques de perros callejeros en zonas como Las Américas y Calderitas, así como la acumulación de heces fecales en la vía pública, ha generado preocupación entre los padres de familia y comerciantes locales.
Hasta este 5 de enero, la administración de Martínez Hernández no ha emitido un comunicado oficial o un plan de contingencia para este 2026 que responda directamente a las exigencias de los colectivos. Los ciudadanos advierten que, de no haber una respuesta clara, escalarán sus protestas ante las instancias estatales para exigir que se cumpla la ley vigente.
La omisión en la atención a estos casos, aseguran los activistas, no solo fomenta la impunidad ante actos de crueldad animal, sino que también refleja una desconexión entre las prioridades de la actual gestión y las demandas de seguridad y bienestar de la población capitalina.