Tras un proceso que finalmente llega a su conclusión técnica, la Fiscalía General del Estado logró sentencias condenatorias contra dos hombres responsables de homicidio calificado. Las penas, que alcanzan los 55 y 25 años de prisión respectivamente, cierran un capítulo judicial en el que las pruebas científicas terminaron por imponerse a las versiones de la defensa.
El contexto importa, sobre todo en una entidad donde la percepción de impunidad suele ganar terreno frente a los boletines oficiales. Esta vez, el peso de la ley cayó con números contundentes.
El desarrollo de la audiencia de individualización de penas confirmó que las investigaciones lograron acreditar la responsabilidad directa de los hoy sentenciados en hechos de sangre que sacudieron la tranquilidad local. Párrafos cortos y expedientes largos: mientras uno de los involucrados pasará más de cinco décadas tras las rejas, su cómplice recibió una pena menor, pero igualmente significativa, de un cuarto de siglo.
Como si hiciera falta recordarlo, la justicia en estos casos no solo se mide en años, sino en la reparación del daño a las familias de las víctimas, un concepto que en el papel suena sólido pero que en la realidad suele ser un camino tortuoso. La explicación oficial destaca el uso de peritajes especializados y testimonios clave que no dejaron espacio a la duda razonable. No exactamente una sorpresa que, ante la contundencia de las pruebas, el fallo fuera condenatorio.
La consecuencia real es que ambos sujetos han sido trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) para purgar su condena sin derecho a beneficios procesales inmediatos. Lo que sigue es observar si este rigor se mantiene como una constante en los casos de alto impacto que aún aguardan turno en los juzgados del estado.


















































