La paradisiaca imagen del Caribe Mexicano enfrenta una cruda realidad económica este inicio de 2026. Miles de trabajadores en el estado de Quintana Roo están abandonando sus empleos formales para refugiarse en la economía informal, motivados por una razón contundente: el salario actual es insuficiente para cubrir el costo de vida en la región.
De acuerdo con reportes locales y testimonios de trabajadores, la brecha entre los ingresos percibidos y los precios de la canasta básica, la renta y los servicios se ha vuelto insostenible. Esta situación ha generado un fenómeno de migración laboral interna donde el sector formal, a pesar de ofrecer prestaciones de ley, ya no es la opción más atractiva para el sustento diario.
El costo de “vivir en el paraíso”
Quintana Roo se ha consolidado históricamente como una de las entidades con el costo de vida más elevado en México, impulsado por la dolarización indirecta de su economía turística. Sin embargo, los sueldos en sectores clave como la hotelería, los servicios y el comercio no han crecido al mismo ritmo que la inflación local.
Muchos empleados aseguran que, tras deducciones de impuestos y cuotas de seguridad social, el sueldo neto apenas alcanza para pagar habitaciones de renta compartida y transporte. Ante este escenario, la informalidad —que incluye desde el comercio ambulante hasta servicios independientes sin registro— se presenta como una alternativa inmediata que permite un flujo de efectivo diario superior al de una nómina quincenal.
Beneficios vs. Supervivencia
El gran dilema para los trabajadores quintanarroenses radica en el sacrificio de su futuro por el presente. Al migrar a la informalidad, los empleados pierden el acceso a servicios de salud como el IMSS y la posibilidad de generar puntos para créditos de vivienda a través del Infonavit.
No obstante, para muchos, la prioridad es “llegar a fin de mes”. Expertos en economía local señalan que este desplazamiento hacia la informalidad no solo afecta la recaudación fiscal y la estabilidad de las empresas, sino que también vulnera la red de protección social de miles de familias en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
Hasta el momento, las cámaras empresariales y las autoridades laborales se enfrentan al reto de replantear las estructuras salariales en un estado que genera una parte importante del PIB nacional, pero que hoy ve cómo su fuerza laboral se desvanece en busca de mejores condiciones de vida fuera del marco legal.




















































