La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado desde 2019 graves deficiencias en la planeación y ejecución de los trabajos de rehabilitación en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tramo donde el pasado 28 de diciembre se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con una investigación publicada por El Universal.
Según los documentos de auditoría, el tramo comprendido entre Mogoñé y La Mata, en Oaxaca, presentaba complicaciones técnicas relevantes debido a la topografía montañosa, con pendientes pronunciadas y curvas que afectan la correcta alineación de la vía férrea, condiciones que requerían estudios especializados y una planeación exhaustiva.
La ASF señaló que el contrato original para la primera etapa de rehabilitación fue otorgado de manera apresurada, sin contar con estudios, proyectos ejecutivos ni programas de obra completamente terminados. Esta situación, indicó el órgano fiscalizador, impidió que las empresas licitantes presentaran propuestas técnicamente sólidas y derivó en una planeación deficiente de los trabajos.
La auditoría de cumplimiento a inversiones físicas también identificó irregularidades administrativas que, pese a haber sido detectadas, no fueron corregidas oportunamente. Aunque dicho contrato fue posteriormente rescindido, la ASF recomendó al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) iniciar procedimientos administrativos contra los responsables de esa etapa del proyecto.
El reporte añade que la rehabilitación de la vía se emprendió “a destiempo” dentro del ejercicio fiscal y sin la preparación técnica adecuada para una obra de alta complejidad, lo que pudo haber impactado la calidad y seguridad de la infraestructura ferroviaria en el tramo donde ocurrió el accidente.
No obstante, la investigación subraya que la información pública disponible no permite confirmar si estas irregularidades fueron subsanadas en etapas posteriores, ni establecer una relación directa entre las fallas señaladas por la ASF y el descarrilamiento, debido a la falta de acceso completo a los contratos y a su seguimiento en las plataformas de transparencia.
Mientras autoridades federales y estatales continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, familiares de las víctimas y diversos sectores sociales exigen explicaciones claras sobre la planeación, supervisión y ejecución del proyecto, así como garantías de seguridad en la operación del Tren Interoceánico.
