La Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (SEMUJERES) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en fraudes y engaños, ante la circulación de información falsa sobre un presunto apoyo económico denominado “Bono Mujer Bienestar”, difundido principalmente a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp.
La dependencia estatal aclaró que no existe ningún programa oficial con ese nombre ni con el supuesto apoyo de 2 mil 750 pesos, por lo que se trata de un intento de desinformación que podría derivar en fraude, dirigido principalmente a mujeres.
SEMUJERES subrayó que este tipo de mensajes no corresponde a ningún programa del Gobierno de México, por lo que exhortó a la población a no compartir enlaces, no proporcionar datos personales ni realizar registros a través de plataformas no oficiales.
Cómo identificar información y programas oficiales
La Secretaría recordó que los sitios oficiales del gobierno federal utilizan exclusivamente el dominio gob.mx, sin extensiones adicionales ni redireccionamientos externos. Cualquier página que no cumpla con esta característica debe considerarse no oficial y potencialmente riesgosa.
Asimismo, los programas sociales legítimos no se anuncian ni gestionan mediante mensajes de WhatsApp, ni solicitan información personal a través de enlaces enviados por teléfono móvil, una práctica común en esquemas de fraude digital.
No existe el “Bono Mujer Bienestar” ni el INMUJERES
SEMUJERES precisó que, bajo la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no existe ningún programa llamado “Bono Mujer Bienestar” con las características difundidas en redes.
Además, aclaró que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ya no existe como institución, por lo que el uso de su nombre en estos mensajes forma parte de una estrategia para aparentar legitimidad.
Finalmente, la dependencia reiteró que la protección de los datos personales y la seguridad digital son fundamentales para el bienestar de las mujeres, y advirtió que la desinformación y el fraude digital también constituyen formas de violencia, por lo que prevenirlos es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.
