La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró predios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras detectar desmontes ilegales que suman más de 2,600 hectáreas de selva arrasadas, en su mayoría vinculadas a prácticas agrícolas de comunidades menonitas asentadas en la región.
Los operativos, realizados entre el 28 de mayo y el 14 de junio, documentaron la remoción de vegetación, el cambio de uso de suelo sin permisos y la instalación de monocultivos agroindustriales, lo que derivó en procedimientos administrativos y denuncias penales contra quienes resulten responsables.
Quintana Roo, la entidad con mayor daño ambiental
El mayor impacto se concentra en Quintana Roo, con 1,300.5 hectáreas deforestadas en los municipios de José María Morelos y Othón P. Blanco.
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En el ejido Juan Sarabia, Othón P. Blanco, se registraron 437.5 hectáreas devastadas.
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En Piedras Negras, José María Morelos, el desmonte alcanzó 10.68 hectáreas, con maquinaria pesada y evidencia de remoción profunda de la selva.
Situación en Yucatán y Campeche
En Yucatán, las inspecciones identificaron más de 600 hectáreas dañadas con la apertura de caminos, instalación de sistemas de riego y construcción de estructuras de concreto sin autorización ambiental.
En Campeche, principalmente en Calakmul y Hopelchén, se detectaron más de 700 hectáreas deforestadas, atribuibles también a comunidades menonitas con actividad agroindustrial.
Selva y especies bajo amenaza
Los desmontes afectan especies de flora bajo protección federal, como la caoba (Swietenia macrophylla), el jobillo (Astronium graveolens), la palma chit (Thrinax radiata), la palma de guano kum (Cryosophila argentea) y la Zamia polymorpha, incluidas en la NOM-059-SEMARNAT y en la Convención CITES.
El uso de maquinaria agrícola industrializada —tractores, cosechadoras y rastras— confirma que la deforestación responde a fines productivos de gran escala, y no a prácticas de subsistencia.
Medidas y acciones legales
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La Profepa colocó sellos de clausura en los predios inspeccionados.
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Se aseguraron equipos y maquinaria usados en los desmontes.
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Se interpusieron denuncias penales contra las personas responsables, en su mayoría comunidades menonitas.
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En Quintana Roo se instaló una Mesa contra la tala ilegal y la deforestación para coordinar acciones de vigilancia y restauración.
Una crisis ambiental en expansión
El reporte posiciona a Quintana Roo como el estado más afectado por la deforestación en la Península de Yucatán, con consecuencias graves para la biodiversidad, la captación de agua, la captura de carbono y el equilibrio ambiental de la región.
Expertos y ambientalistas insisten en que este fenómeno exige una respuesta inmediata, con sanciones ejemplares y políticas públicas que promuevan alternativas sostenibles frente al avance de la agroindustria.
