Con 47 votos a favor, el Senado de la República aprobó este 18 de septiembre en comisiones el dictamen que reforma el inciso “A” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al delito de extorsión. La reforma tiene por objetivo que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general sobre extorsión, estableciendo criterios homogéneos a nivel nacional.
Actualmente, las sanciones, agravantes y definiciones de extorsión varían de un estado a otro, lo que, según los legisladores, ha propiciado espacios de impunidad. Con la reforma, los estados estarán obligados a adherirse a una legislación nacional, con penalidades y protocolos de atención para víctimas unificados, lo que se espera mejore la certeza jurídica y fortalezca el Estado de derecho.
El dictamen aprobado plantea cinco ejes de acción principales:
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Procesos de investigación especializados para detenciones prioritarias.
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Creación de unidades locales antiextorsión en todos los estados.
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Protocolos diferenciados para garantizar atención temprana y eficaz a las víctimas.
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Concentración de las investigaciones en la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión.
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Campañas nacionales de prevención.
Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad en el Senado, destacó que esta propuesta responde a una demanda social urgente: la de enfrentar con eficacia el delito de extorsión, que consideró como un “cáncer social” que afecta la tranquilidad familiar, los comercios, los trabajadores y la confianza en las instituciones.
El dictamen unánime representa un paso significativo en el proceso legislativo y abre el camino para que el Congreso expida la ley general en materia de extorsión, lo que podría homologar la persecución del delito en todo el país.
