En un relevo que ha generado expectación y cuestionamientos sociales, el general de brigada de Estado Mayor Jesús Alejandro Adame Cabrera asumió este martes el mando de la Trigésima Zona Militar en Tabasco, en sustitución de Miguel Ángel López Martínez, quien había revelado en julio la existencia de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder del grupo criminal La Barredora.
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El cambio de mando fue oficializado en una ceremonia celebrada en el 37 Batallón de Infantería, con la presencia del gobernador Javier May Rodríguez, del presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, y otros funcionarios estatales.
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López Martínez ocupaba el cargo desde febrero de este año, por lo que su administración al frente de la Zona Militar duró aproximadamente siete meses.
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Bermúdez Requena, detenido recientemente en Paraguay y sujeto a prisión preventiva, es acusado en México de delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. La orden de aprehensión había sido revelada por López Martínez ante medios nacionales, lo que provocó polémica e incertidumbre sobre quién filtró la información, y bajo qué autoridad se emitió originalmente.
Este relevo deja al descubierto varias aristas que preocupan a la ciudadanía:
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Transparencia: ¿fue legítima la revelación de la orden de aprehensión por parte del mando militar anterior? ¿Se cumplió con los protocolos legales?
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Confianza en las instituciones: la filtración de información sensible puede generar desconfianza sobre cómo actúan la seguridad estatal, militar y los órganos judiciales en conjunto.
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Límites del poder militar: en México, la responsabilidad militar en acciones judiciales suele generar debates sobre competencia, jurisdicción y supervisión civil.
La sustitución de un mando militar tras la difusión de una orden de captura contra un exfuncionario acusado de numerosos delitos no solo marca un ajuste institucional en Tabasco, sino que podría convertirse en punto de inflexión para la relación entre autoridades civiles, castrenses y derechos ciudadanos. Si bien la detención de Bermúdez Requena arroja luces sobre la capacidad del Estado, queda en evidencia la exigencia de mayor apertura, claridad y responsabilidad sobre quién informa, quién decide y cómo se protege el debido proceso.
