Habitantes de Yaché denuncian amenazas de desalojo en Quintana Roo

La tranquilidad en la zona de Yaché, en la Riviera Maya, se ha visto interrumpida no por el ruido del desarrollo, sino por la sombra de un desalojo que nadie vio venir. Cerca de 200 familias de escasos recursos, que han levantado sus hogares en las colonias Yaché, Primavera y Bugambilia durante los últimos cinco años, denunciaron este lunes ser víctimas de amenazas constantes por parte de sujetos que, de la noche a la mañana, aseguran ser los dueños legítimos del suelo que pisan.
El contexto importa. En una región donde el valor de la tierra sube conforme avanza el Tren Maya, que aparezcan “propietarios” con escrituras recién desempolvadas no es precisamente una novedad, pero sí una señal de alerta para quienes no tienen más patrimonio que su techo de lámina y madera.
La tensión escaló tras un operativo en el que fueron detenidas tres personas —identificadas preliminarmente por los vecinos, entre ellos un sujeto llamado Iván—, quienes presuntamente acudieron a intimidar a los residentes. Aunque la presencia de la Policía Ministerial y el Ministerio Público logró calmar los ánimos momentáneamente, la respuesta oficial dejó a los pobladores con un sabor agridulce: las autoridades les indicaron que, sin una denuncia formal ante la Fiscalía, no hay mucho que se pueda hacer legalmente contra las amenazas.
Como si hiciera falta recordarlo, para muchas de estas familias, acudir a las instituciones es un laberinto conocido. Los vecinos aseguran que ya han interpuesto quejas anteriormente sin obtener resultados, por lo que la desconfianza es el sentimiento que predomina. “Llevamos años viviendo aquí de forma pacífica y estamos en trámites de regularización”, señalan los afectados, quienes insisten en que en el polígono no existe un propietario legalmente acreditado que haya reclamado en el pasado.
La comunidad de Yaché está compuesta en su mayoría por adultos mayores, mujeres y niños. La vulnerabilidad es evidente, y el temor a que la fuerza física se imponga sobre el proceso legal es real. No es un dato menor que los habitantes afirmen que los supuestos dueños ni siquiera proporcionaron sus datos completos durante el altercado, moviéndose en esa zona gris donde la propiedad se reclama con palabras fuertes antes que con papeles claros.
Por ahora, los integrantes de la comunidad se han desplazado a la Fiscalía para intentar, una vez más, que el papel venza a la intimidación. La pregunta queda en el aire: ¿será esta la intervención que garantice su seguridad jurídica, o solo un capítulo más en la larga historia de conflictos agrarios de Quintana Roo? Lo que sigue es una tensa espera mientras el clima de incertidumbre amenaza con derivar en un conflicto mayor si nadie pone orden en los límites de la propiedad.