El Tren Interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, dejando 14 personas muertas y más de un centenar de heridos, operaba con deficiencias técnicas graves que ponen en duda los estándares de seguridad del proyecto ferroviario, de acuerdo con una investigación periodística de Latinus.
Según documentos de una solicitud de orden de aprehensión a los que tuvo acceso el medio, la cabina del conductor de la locomotora no contaba con velocímetro, lo que impedía conocer con precisión la velocidad real del convoy durante el trayecto y limitaba la supervisión por parte de la tripulación. Esta condición fue confirmada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un mayordomo de locomotoras.
No es el único hallazgo. El expediente detalla que las cámaras instaladas en la locomotora no estaban habilitadas, debido a la falta de un software compatible, lo que imposibilitó contar con registros visuales del recorrido. Además, uno de los radios de comunicación no funcionaba, reduciendo la capacidad de coordinación y control en tiempo real.
Otra de las deficiencias señaladas es la ausencia de un sistema contra incendios en la locomotora número 3006, parte del convoy involucrado en el accidente. De acuerdo con la revisión semestral de mantenimiento, la unidad carecía del equipo necesario para responder ante un eventual incendio o sobrecalentamiento.
Estas carencias, cuya responsabilidad recae en la empresa ferroviaria, evidencian que el personal operaba con limitaciones materiales para cumplir con los protocolos de seguridad, aun cuando la normativa ferroviaria y los estándares para transporte de pasajeros exigen mecanismos técnicos que garanticen la integridad del servicio.
La FGR ha sostenido que el accidente ocurrió por exceso de velocidad en la conocida Curva de la Herradura, en el tramo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, luego de analizar la “caja negra” del tren y descartar fallas mecánicas o de infraestructura. Esta conclusión derivó en órdenes de aprehensión contra operadores por homicidio culposo y lesiones culposas.
Sin embargo, las revelaciones sobre las condiciones técnicas del tren abren nuevas preguntas sobre el contexto operativo en el que se produjo el accidente y el grado de responsabilidad institucional en la prevención del riesgo.
En paralelo, familiares de las víctimas han promovido una audiencia de control por omisión, al considerar insuficiente la información oficial sobre los avances de la investigación, según informaron sus abogados.
El caso ha reavivado los cuestionamientos sobre la calidad de la operación ferroviaria y el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país en años recientes, cuyo costo humano sigue marcando el debate público.
