El gobierno de Guatemala decretó este domingo estado de sitio en todo el país por un periodo de 30 días, tras una escalada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó motines simultáneos en centros penitenciarios y ataques armados contra fuerzas de seguridad.
El anuncio fue realizado en cadena nacional por el presidente Bernardo Arévalo de León, quien explicó que la medida busca restablecer el control del Estado y garantizar la seguridad de la población frente a acciones coordinadas de estructuras criminales.
De acuerdo con el mandatario, los disturbios registrados en varias cárceles del país fueron una reacción directa de las pandillas ante los operativos del gobierno para desarticular liderazgos criminales y recuperar instituciones que, durante años, estuvieron infiltradas por redes de corrupción e impunidad.
“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Esta medida tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos y permitir el uso de toda la fuerza del Estado frente a estas amenazas”, señaló Arévalo.
Motines carcelarios y respuesta del Estado
Los hechos que detonaron la declaratoria incluyeron motines simultáneos en centros penitenciarios, donde internos tomaron rehenes y causaron destrozos en las instalaciones. En respuesta, el Estado desplegó un operativo conjunto del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa para retomar el control.
Según informó el presidente, las autoridades lograron recuperar completamente los centros penitenciarios Renovación 1, el Preventivo de la zona 18 y Fraijanes 2, sin que se registraran bajas entre las fuerzas de seguridad ni entre las personas retenidas.
Ataques contra fuerzas de seguridad
Tras los operativos en las cárceles, se reportaron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país, que dejaron un saldo de policías fallecidos y heridos, en lo que el gobierno calificó como intentos de intimidación por parte de las pandillas.
Ante este escenario, se ordenó el despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército en zonas estratégicas, carreteras y áreas urbanas, con el objetivo de reforzar la vigilancia, proteger infraestructura crítica y prevenir nuevos ataques coordinados.
El estado de sitio permite al Ejecutivo ampliar facultades de seguridad, restringir temporalmente algunos derechos y facilitar operaciones de control territorial, en un intento por frenar la violencia y restablecer el orden público.
