Claudia “N”, exsecretaria del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, obtuvo una suspensión definitiva que detiene el proceso penal que enfrentaba por el delito de peculado, relacionado con la presunta venta irregular de bienes del patrimonio estatal.
El Juzgado Sexto de Distrito concedió la medida cautelar el pasado lunes, como parte de un juicio de amparo promovido por la exfuncionaria, lo que impide por ahora que sea enjuiciada dentro de la causa penal en su contra.
De acuerdo con el expediente 1144/2025, la suspensión se otorgó contra actos atribuidos a una Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, quien había determinado su vinculación a proceso.
Investigación por venta de predios a precios bajos
Claudia “N” está imputada por presuntamente vender 22 predios propiedad del estado a precios considerablemente inferiores a su valor real, operaciones que, según las investigaciones, habrían beneficiado a empresas fachada vinculadas a personas cercanas al círculo del exgobernador Roberto Borge.
Como parte de sus funciones en el IPAE, la exservidora pública era la responsable de firmar las escrituras mediante las cuales los terrenos pasaban a manos de terceros, lo que la colocó en el centro de las indagatorias por el presunto daño al patrimonio público.
Amparo solicitado antes de Navidad
El recurso legal fue promovido el 22 de diciembre, días antes de Navidad, cuando la exdirectora del IPAE solicitó protección judicial contra el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 159/2017, lo que habría derivado en su captura y enjuiciamiento.
El acuerdo judicial, fechado el 24 de diciembre, precisa que el acto reclamado corresponde al auto mediante el cual se le imputó formalmente el delito de peculado, mismo que quedó suspendido de manera definitiva mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.
Proceso detenido, no concluido
La suspensión definitiva no implica una absolución, sino la paralización temporal del proceso penal, en tanto se analiza la legalidad de los actos reclamados por la defensa de la exfuncionaria.
El caso forma parte de los expedientes abiertos por presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración de Roberto Borge, uno de los periodos más señalados por el despojo de bienes públicos en Quintana Roo.
