La batalla por las tarifas de entrega ha escalado hasta el máximo tribunal del país. Este jueves, colectivos de repartidores de aplicaciones digitales se plantaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una demanda clara y contundente: declarar inconstitucional el cobro por “aprovechamiento de la infraestructura” en la capital.
Lo que llamó la atención de transeúntes y medios fue la movilización organizada de los trabajadores de plataformas (como Uber Eats, Didi Food y Rappi), quienes argumentan que este gravamen fiscal no solo afecta a las empresas tecnológicas, sino que golpea directamente sus ingresos y precariza aún más su labor.
Según datos que generaron conversación entre los manifestantes, el artículo del Código Fiscal de la CDMX que impone un pago del 2% a las plataformas por el uso de la vía pública es visto como discriminatorio. Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ha reiterado en el pasado que este impuesto es intransferible (es decir, que la empresa debe pagarlo sin descontarlo al repartidor o al usuario), los colectivos denuncian que, en la práctica, la economía de las apps ajusta sus márgenes afectando al eslabón más débil: el repartidor.
Una situación que no pasó desapercibida fue el argumento legal presentado: los repartidores sostienen que el cobro viola principios de equidad tributaria, ya que se les cobra por usar calles que son públicas y por las que cualquier otro vehículo circula sin esa tasa específica por kilómetro o entrega.
El caso seguirá generando atención en los próximos días, pues la decisión que tomen los ministros de la SCJN sentará un precedente histórico sobre cómo se regulan las economías colaborativas en México y si el costo final de pedir unos tacos a domicilio seguirá subiendo.
